El pasado viernes 25 de julio de 2025 celebramos el Día Internacional del Bienestar Judicial, una fecha que nos invita a reflexionar sobre cómo el bienestar judicial —físico, mental y profesional— influye en la independencia y credibilidad del sistema. Aunque a menudo se asocie la labor de jueces y magistrados con la sola aplicación de la ley, su capacidad de decisión, su independencia y su integridad dependen tanto de su formación legal como del entorno que les rodea. Un juez sometido a una carga de trabajo excesiva o a presiones continuas corre el riesgo de ver comprometida su imparcialidad, y esto puede minar la confianza del público en todo el sistema judicial.
La Declaración de Nauru, adoptada el 25 de julio de 2024 durante la conferencia regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), supuso un hito al establecer siete principios rectores destinados a crear condiciones que favorezcan un ejercicio judicial justo y sostenible. Entre ellos, destaca la eliminación del estigma en torno a la salud mental: reconocer que el estrés o las dificultades emocionales no son un signo de debilidad, sino un llamado a la acción colectiva. Asimismo, se subraya que la responsabilidad de garantizar el bienestar judicial no recae únicamente en el propio juez, sino en todas las instituciones y órganos de gobierno que conforman el marco judicial.
No basta con adoptar buenas intenciones; es imprescindible traducir esos principios en medidas concretas. Por ejemplo, ¿cómo valorar de forma objetiva la carga de trabajo de cada magistrado? ¿De qué manera diseñamos programas de apoyo emocional que respeten la confidencialidad y fomenten la cultura de ayuda mutua?
Los datos recientes hablan por sí solos: el 76 % de los jueces asegura no disponer de tiempo suficiente para sus tareas; el 92 % experimenta estrés de manera habitual; y el 83 % opina que el sistema no ofrece el apoyo necesario para su bienestar. (Fuente de datos)
En definitiva, invertir en bienestar judicial es invertir en la solidez y la credibilidad del poder judicial. Cuando protegemos a quienes deciden sobre derechos fundamentales, protegemos también el Estado de Derecho.
Por Berta Mestres, procuradora y directora de negocio, para pfsLEGAL.